UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA

A mediados de julio de 2014 un grupo de ciudadanos preocupados por el incremento de la inseguridad publicamos un pronunciamiento, “Liderazgo y voluntad política para la seguridad ciudadana” donde, partiendo de la constatación de un incremento cuantitativo y cualitativo de la actividad delictiva en el Perú, señalábamos que un factor fundamental para explicar ese aumento radicaba en la debilidad y permeabilidad a la corrupción de las instituciones, en particular las encargadas de combatir el delito como la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público e Instituto Nacional Penitenciario.

También advertíamos que el entonces recién nombrado ministro del Interior, además de ser una persona severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos, tenía un comportamiento errático y carecía de un diagnóstico preciso, de estrategia y rumbo claros, concluyendo que necesitamos instituciones y no salvadores televisivos que las reemplacen. 

En aquella oportunidad, en vísperas del mensaje presidencial del 28 de julio, demandábamos que se sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, y se deje de estar festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión.

No se escuchó la demanda y, tanto en el mensaje a la nación como en las expresiones del ministro del Interior se manifestaron cifras extravagantes, que no corresponden a la realidad, probablemente con la intención de disminuir la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

En realidad, una de las pocas cifras confiables que hay es la del Barómetro de las Américas, cuya encuesta de victimización realizada en todo el continente revela al Perú en un deshonroso primer lugar con un 30,6% de ciudadanos víctimas de algún delito, una desmejora con respecto al 2012 cuando era 28,1%. Es decir, la seguridad ciudadana ha seguido deteriorándose en los últimos dos años.

Ahora que se ha nombrado al sétimo ministro del Interior de este gobierno, queremos reiterar nuestra demanda de sinceramiento de cifras así como repetir nuestras propuestas, en el entendido que a estas alturas, a poco más de un año del fin del mandato presidencial, al nuevo encargado de Interior solo le será posible realizar algunos cambios. Aún así, es importante que, por lo menos, se empiece con algunas las reformas que se necesitan con urgencia. Y –muy importante- para que esos y otros cambios tengan permanencia en el tiempo, condición indispensable para su eficacia, requerimos de un compromiso firme y explícito de los candidatos presidenciales para que, cualquiera sea el ganador de las elecciones de 2016, se continúe con una política que pueda hacer retroceder a la delincuencia y traer tranquilidad al pueblo peruano. Con ese propósito, insistimos en algunas propuestas básicas:

Urge declarar en reorganización a la Policía Nacional, sin duda depurarla, pero también revisar el modelo de policía altamente militarizada y de comportamiento predominantemente reactivo, por una organización policial con alta dosis de compromiso ciudadano, parte de la urdimbre social y definitivamente de carácter civil, compatible con los esfuerzos por consolidar la democracia. En ese marco, asimismo, fortalecer los mecanismos contra la corrupción interna, producir cambios significativos en la gestión de sus recursos, incentivar el profesionalismo y la evaluación del personal por resultados.

Urge, fortalecer todas las comisarías, dotarlas de conectividad y medios de comunicación; así mismo, distribuir y desplegar nuestros efectivos en las calles con una perspectiva comunitaria, en estrecha coordinación con los serenazgos, bajo el liderazgo real de los alcaldes, para combatir el crimen común usando mejor lo que ya tenemos. Para ello y otros propósitos igualmente importantes, en el marco de una política integral de recursos humanos y mejora del  bienestar policial, se debe eliminar el trabajo a medio tiempo de los policías, también conocido como 24 x 24.

Urge, adicionalmente, crear pequeñas unidades de élite para la inteligencia, investigación y combate eficaz al crimen organizado, que sean altamente selectivas en su composición, que privilegien la honradez y el profesionalismo de sus miembros, con recursos y tecnología suficientes,  y que se premien sus resultados.

Urge, igualmente, rediseñar y fortalecer  fiscalías y  juzgados especiales  para la investigación y la sanción penal del crimen organizado, los que deben ser dotados de personal calificado ética y profesionalmente y de recursos suficientes.

Urge, además, la construcción de más penales que hagan posible una efectiva clasificación de los presos, aislando a los incorregibles. Asimismo, aplicar medidas alternativas a la prisión para delitos menores.

Urge, en fin, un amplio plan nacional de prevención de la delincuencia principalmente dirigido a los jóvenes en estado vulnerable; plan conducido, financiado, y evaluado por el estado central e implementado en alianza con los municipios.

El nuevo ministro del Interior ha declarado una voluntad de concertación y un genuino interés por mejorar la eficacia y el profesionalismo de la Policía Nacional lo que, de llevarse a la práctica, redundaría sin lugar a dudas en una mejora de la seguridad ciudadana. Esperamos que pueda cumplir su propósito sin interferencias.

Asimismo, hacemos un llamado a los diferentes grupos políticos y candidatos presidenciales a asumir seriamente un compromiso de lucha contra la inseguridad y de reforma de las instituciones encargadas de combatir el delito, para garantizar la continuidad de una política de Estado que pueda revertir el deterioro alarmante de la seguridad ciudadana que podría llevarnos, más temprano que tarde, a una situación similar a la que desgraciadamente viven otros países del continente.

Clínica política

Ricardo Valdés

Discrepo de quienes vienen afirmando que el ministro Urresti está loco. Un loco es un inimputable. Y él no lo es, ni por lo que está siendo procesado, ni por lo que viene haciendo. Solo a modo referencial presentaré algunas definiciones y conceptos para explicarme.

Está loco quien  en esencia se encuentra trastornado, ha perdido el juicio y presenta, entre otros síntomas, distorsión grave de la percepción, alucinaciones, pensamientos persecutorios, etc. Es decir, la fantasía  se confunde con la realidad y la persona actúa como si aquello que aparece en su imaginación fuese real. Estamos frente a lo que clínicamente se conoce como un estado psicótico y esa persona merece todo nuestro respeto y atención.

Por otra parte no es lo mismo ser que parecer. Estar loco es distinto a comportarse como tal, es decir de manera impulsiva, poco meditada, desproporcionada o fuera de lugar. Cuando este comportamiento imprudente se combina con  un estado de omnipotencia, cinismo, desprecio por el ser humano, intolerancia  y con muy poco o casi nulo respeto por las normas y la ética, nos encontramos más bien con un sujeto con  tendencia o rasgos psicopáticos.

La psicopatía  es otra categoría clínica. Es una anomalía en la que la persona conserva sus facultades mentales y perceptivas, pero  la conducta social  se encuentra distorsionada y afectada en detrimento de lo demás. Al que actúa psicopáticamente no suele importarle mayormente  lo que diga la ley, y la relación con otro  ser humano está mediada por sus propios impulsos, intereses y, muchas veces, por el escaso apego a la vida y a las personas. No pocas veces las tendencias psicopáticas son racionalizadas y justificadas  bajo ideas como el servicio a la patria, el mandato religioso o por ideologías  terroristas.

En el mundo  más extremo de los psicópatas encontramos a todo tipo de delincuente, como     ladrones,  asesinos , tratantes de personas o narcotraficantes.  Este mundo extremo también lo habitan los violadores de derechos  humanos, los  torturadores,  los terroristas, o cualquier otro ser que apela a un discurso para encubrir su psicopatía, como hemos podido apreciarlo en Francia o en Nigeria.

Por supuesto que hay grados y niveles de psicosis y psicopatía. Hay   variantes  y diversos grados de dificultad clínica. Hay combinaciones con otros problemas, como con personalidades hipomaniacas o bipolares, que nos hablan de otro tipo de trastorno. En cualquier caso no se puede etiquetar a nadie de una forma u otra sin que medie una evaluación psicológica completa,   pero hay ciertos rasgos (indicios le dicen los fiscales) que nos aproximan a una descripción.

Cuando en la política nos topamos con personajes que actúan con rasgos psicopáticos debemos observarlos con cuidado y, por supuesto, también al entorno que permite su presencia cómplice.  En cualquier momento quien presenta rasgos psicopáticos puede presentar comportamientos más  virulentos, obsesiones, amenazas, agresiones verbales, sentimientos  de poderlo todo,  de control y dominio, hasta que su impulsividad psicopática lo puede llevar a cometer un acto desproporcionado o  criminal.

Hay múltiples ejemplos de comportamientos disfuncionales en la política nacional. Sin embargo el ministro Urresti ha dado cada vez más señales de conductas preocupantes que merecen nuestra atención. Más aún por el cargo que ejerce y por el poder del que dispone y hace uso. Que cada quien saque sus conclusiones.

A propósito de la formación policial

Por: Gustavo Carrión Zavala 

Estimé pertinente dejar pasar algunos días, a partir de la afirmación que no se necesita policías muy preparados para  “perseguir carteristas” o que para ser policías no se necesita saber” física cuántica”. Intuía en estas afirmaciones una suerte de desprecio por la función policial y por lo que ella comporta. Desprecio que por otro lado, no resulta ser novedoso en interpretación de un militar. Recurriendo a los sucesos que tuvo que sufrir la policía en regímenes militares o militarizados, encontramos la decisión del llamado “gobierno revolucionario de las fuerzas armadas”,  que lideró Juan Velasco Alvarado, de disminuir el período de formación policial en el nivel de oficiales, a tres anos, quitándole la equivalencia de estudios superiores universitarios. Ante la reacción de los policías, tuvieron que modificar las leyes orgánicas que como decretos legislativos, habían sancionado para regir a las entonces fuerzas policiales. 

En el mismo periodo, se produjo un fuerte levantamiento policial (5 de febrero de 1975), que además de reclamar mejoras salariales, fue motivado por el maltrato (agresión física) que recibiera un cabo de la entonces guardia civil, por parte de un general del ejército de apellido Ibáñez, quien fungía de jefe de la casa militar de palacio de gobierno. Posteriormente, y durante el militarizado gobierno de Fujimori, se cerraron las escuelas de formación de la  policía provocando las distorsiones en el número de policías que se arrastra hasta la actualidad. Son algunos de los hechos, que nos permiten sostener el desprecio que siempre han tenido las autoridades militares respecto a la policía y a la función que cumplen.

Quisiéramos expresar brevemente en que se sustenta la función policial. La finalidad de la policía, no sólo la peruana, de todas las policías en el mundo, no es otra que la de mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y en el ejercicio de libertades y derechos. En el caso peruano, la constitución tiene una inspiración “jus naturalista”, que reconoce a la persona humana derechos anteriores a la misma sociedad y al mismo estado, cuando en su artículo primero sostiene que  “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es el fin supremo de la sociedad y del estado”. La persona tiene derechos inherentes a su calidad de ser humano, y el estado se organiza para protegerla. Una de las organizaciones generadas para así hacerlo, es precisamente la policía nacional, inspirada en la necesidad de promover la convivencia pacífica, asegurar el cumplimiento de las leyes y que las personas encuentren el medio propicio para desarrollarse. 

Resulta entonces que, el agente o funcionario de policía, tiene que estar profundamente identificado con la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Si sostenemos que para perseguir carteristas no se necesita mayor formación, estamos sin decirlo, sosteniendo que hemos retirado a ese carterista la condición de persona humana, y sólo estamos pretendiendo que se actúe en atención a la violación de la ley que está cometiendo y por ello, quién debe perseguirlo no debe detenerse en consideraciones interpretativas de la constitución, solamente debe emplear la coerción empleando para ello los medios contundentes necesarios.  Ahora sí podemos entender, la reacción poco sensata del policía que disparó en Cajamarca a un ciudadano que se resistía a un desalojo de la vivienda que ocupaba y que le ocasionara la muerte. Este policía, poco y mal preparado resulta absolutamente incompetente para defender a la persona humana y respetarle su dignidad.

Cuando se sostiene con ironía, que para ser policía no se necesita saber de física cuántica, tenemos que consentir que ello es verdad, no se necesita formar  a los policías en una rama alternativa a la física formal, que pretende explicar la totalidad de los eventos que puedan producirse a partir de la molécula, el átomo y cuyos estudios han permitido ser aplicados en técnicas médicas para mejorar la salud de las personas. Igualmente es cierto, que los físicos cuánticos no necesitan aprender técnicas policiales para defender a la persona humana en sus relaciones convivenciales. Pero es igualmente cierto, que los policías tienen que ser formados en el desarrollo de sensibilidades especiales, que le hagan comprender sin hesitación alguna, que lo de ellos es defender la vida de las personas, aún cuando algunas de ellas incurran en infracciones a la ley penal.

Nos hacemos cargo que la crispación popular, muchas veces exige mayor severidad frente a los delincuentes y que incluso esta crispación se revela en el hecho de haberse elegido en una ciudad del norte del país a un alcalde, que cuando estuvo en el activo de la policía, fue acusado de haber ejecutado extrajudicialmente a delincuentes, y que probablemente ello haya sido determinante, para que en su momento se le ascienda por acción distinguida. Si ese es el temperamento a seguir y las autoridades a cargo de la conducción de las políticas públicas de seguridad quieren satisfacer esta tendencia, tendríamos que sincerar la situación y abandonar el espíritu “jus naturalista”de la Constitución y declarar que solamente se respetara a la persona humana que no traiciona las leyes y que para todas las que si lo hagan, la coerción no tendrá miramientos ni limites y a los agentes y funcionarios de policía, no se les formará en el respeto de los valores que identifican a la función policial, que como ya se ha dicho, no son otros que la defensa de la vida de las personas, la protección de sus bienes y la garantía del ejercicio de sus libertades y derechos.

Se ha afirmado también, que seis semestres académicos para formar a un agente de policía, es un período exagerado y que en ningún otro país se insume tanto tiempo para formar policías. Estamos seguros que en otras realidades, las oposiciones que se fijan para acceder a los centros de formación policial, son escrupulosamente respetadas y que los bachilleratos o educación secundaria exigida, son de mayor calidad que la impartida en nuestro país, en donde se ha vuelto recurrente, no sólo bajar al mínimo la dificultad de las mediciones para el acceso a las escuelas de policía, sino que a pesar de esta disminución en la dificultad, siempre tiene que recurrirse a lo que ha venido a denominarse “ponderación de resultados”, que no es otro procedimiento, que el de aumentar las notas de los resultados finales, para lograr cubrir las vacantes declaradas.

Compadeciéndose con esta tendencia de aligerar la formación de policías, tratando de hacerlos lo mas coercitivos posible, se está desarrollando concursos para captar exclusivamente a licenciados de las fuerzas armadas. Está demás explicar, que los soldados están formados para eliminar al enemigo que pretenda afectar la soberanía nacional y que por ello su reacción tiene que ser totalmente agresiva, contrario al policía que debe ser formado en la ponderación y en el respeto a la vida. Resulta obvio, que a los licenciados que ingresen a la policía, su formación tendrá que ser mucho más extensa, pues primero hay que liberarlos de la agresividad que traen para en una segunda etapa, dotarlos de la sensibilidad a la que nos referíamos y que está vinculada a la defensa de la vida y a la búsqueda de la convivencia pacífica.

Terminamos estando de acuerdo con quién sostuvo que para ser policía no se necesita saber física cuántica, es verdad no necesitan saber física cuántica.

Publicado el 9 de diciembre del 2014 en el blog "Espacio Compartido"

El Fiscal de la Nación debe dejar el cargo…

Por: Carlos Basombrío

…porque es la única forma de empezar a revertir la crisis institucional en la que el Ministerio Público se encuentra.

Esa es la conclusión a la que llegamos en el grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana luego de evaluar la situación de una institución decisiva para la democracia y, en particular, para enfrentar nuevas formas de criminalidad que hoy penetran al Estado.

Es verdad que nunca estuvo peor el Ministerio Público que en la época de Montesinos y Fujimori, pero, observando la situación actual, coincidimos en el grupo en que “la historia parece repetirse en estos tiempos en los que dos fiscales de la Nación, el último en funciones, están sometidos a investigación bajo sospecha de haber favorecido a miembros de la familia Sánchez Paredes, sospechosos de narcotráfico y estar vinculados a la red criminal del prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y del detenido presidente regional César Álvarez, acusado de corrupción y asesinato”.

Nos parece inadmisible e incomprensible que una institución encargada de velar por la defensa de la legalidad, la recta administración de justicia y de defender los intereses públicos se encuentre bajo sospecha de haber sido puesta al servicio del crimen organizado y la corrupción.

Para evitar que esto se repita en el futuro, planteamos una urgente reforma constitucional para la elección del fiscal de la Nación, que permita acceder a esa posición a los buenos elementos que hay en la institución (mencionamos algunos, con nombre propio, sabiendo que hay muchos más).

La reforma que proponemos tiene como eje que la elección de esta importante autoridad ya no sea en el estrecho escenario de los fiscales supremos y que prime una combinación de honestidad con capacidad.

Sabemos que puede haber dificultades aun con un nuevo sistema, pero el actual ha llevado a la institución a una grave crisis y hay que cambiarlo.

Publicado en Peru21 el 30 de setiembre del 2014

¿El fiscal en la picota?

Por: Gino Costa 

La elección hace solo cuatro meses de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación fue una vergüenza. No solo por la manera atropellada como se produjo, forzando la renuncia de Gladys Echaíz y la casi salida de Gonzalo Chávarry, sino por serios y graves cuestionamientos a su conducta con César Álvarez y los Sánchez Paredes. Sin duda, fue el primer fiscal electo con un proceso disciplinario en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que podría llevar a su destitución.

Para salvarse, jugando en pared con la justicia –hasta entonces tan complaciente como la fiscalía, por no decir tan comprometida– sacrificó a su protegido César Álvarez, quien entró a la cárcel cuatro días después de su juramentación. Algunas semanas después fueron detenidos otros cuatro presidentes regionales acusados de corrupción, y desde entonces un quinto está prófugo.

Para que no hubiera duda de que el otrora cuestionado fiscal de la Nación se había transformado en un adalid de la lucha contra el crimen organizado, la fiscalía, luego de años de ceguera criminal ante las fechorías de Rodolfo Orellana Rengifo, solicitó su detención y la de sus secuaces, la mayoría de los cuales hoy siguen prófugos.

El flamante fiscal pensó que su celo para denunciar a los criminales más visibles algo lo ayudaría a legitimarse en el cargo, pero como ello no ha sido suficiente, ha pretendido granjearse simpatías con los favores que generosamente otorgaba a políticos en dificultades, que hoy lamentablemente son legión.

A pesar de ello, su situación no ha dejado de complicarse. En la comisión del Congreso presidida por Mesías Guevara que investiga la red mafiosa de Álvarez, acaba de pasar de testigo a investigado. Más grave aun, sus procesos disciplinarios en el CNM se elevan ahora a cinco, donde acaba de perder a su principal aliado, Vladimir Paz de la Barra, quien para confundir a las tribunas ha renunciado so pretexto de que sus colegas son condescendientes con Ramos Heredia.

Liberados por Paz de la Barra, el CNM tiene la gran y quizá última oportunidad de corregir pasados errores, y recuperar su dignidad y la del Ministerio Público, destituyendo a Ramos Heredia y a su antecesor y socio José Peláez Bardales. Ojalá que lo haga, es lo menos que el país les puede pedir.

El Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana considera que, aunque la fiscalía pasa por uno de sus peores momentos –tan malo como cuando estuvo controlado por Vladimiro Montesinos, a través de Blanca Nélida Colán– existen muchos fiscales honestos y competentes que podrían reconducir la institución si esta quedara liberada de Ramos Heredia y Peláez Bardales.

Para que estos se vayan se necesita una opinión pública que lo exija a viva voz, si es necesario en las calles. La prensa independiente será determinante. La única manera de impedir que el crimen organizado termine de tomar las riendas del Estado, como lo logró con Montesinos, es contando con un Ministerio Público conducido por gente limpia.

Publicado en "El Comercio" el 29 de setiembre del 2014

POR UN MINISTERIO PUBLICO A LA ALTURA DE SUS RESPONSABILIDADES

Según lo dispone la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es el titular de la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses públicos, representa a la sociedad en juicio, conduce la investigación del delito y vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia (art. 159).

El Fiscal de la Nación preside este organismo autónomo y es elegido por sus pares  - la Junta de Fiscales Supremos - por un máximo de 5 años (art. 158). La Ley Orgánica del Ministerio Público señala por su parte que la autoridad del Fiscal del a Nación se extiende a todos los funcionarios que lo integran cualquiera sea su categoría, es decir, es su líder institucional indiscutible.

El Ministerio Público no siempre fue autónomo. En 1930 se denominaba Ministerio Fiscal y dependía del Ministerio de Justicia. Posteriormente, en 1940 pasó a formar parte del Poder Judicial, siendo recién en 1979 que logra su plena autonomía. Antes de ser considerado un órgano independiente, sus integrantes eran denominados “agentes fiscales” y ocupaban un lugar totalmente secundario en la estructura del proceso así como en la organización del sistema de justicia. Ganaban una remuneración muy por debajo de la de un juez y eran considerados funcionarios de segundo orden, subordinados al Poder Ejecutivo o a los magistrados del Poder Judicial, según fuera el caso.

El primer Fiscal de la Nación del renovado y autónomo Ministerio Público fue el Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos, destacado jurista designado para el puesto durante el segundo gobierno del presidente Belaunde. Luego se sucedieron una serie de Fiscales de la Nación, algunos más visibles que otros. Entre ellos, Elejalde, Catacora, Denegri, Méndez Jurado, Aljovín, Colán, Calderón, Bolívar, Echaiz, Peláez Bardales y Ramos Heredia.

La historia de los Fiscales de la Nación no ha estado exenta de cuestionamientos y escándalos. Los más notorios, curiosamente vinculados a Vladimiro Montesinos, fueron Hugo Denegri, quien lo cobijó como asesor al interior del Ministerio Público posibilitando su reinserción a la vida pública luego de haber sido condenado; Blanca Nélida Colán, incondicional de Montesinos que sometió al Ministerio Público a sus designios y fue condenada a 10 años de cárcel por enriquecimiento ilícito; y Miguel Aljovín, quien luego de ser Fiscal de la Nación pasó a la clandestinidad acusado de haber archivado una investigación contra Montesinos a cambio de una considerable suma de dinero.

Lamentablemente la historia parece repetirse en estos tiempos en los que dos Fiscales de la Nación, el último en funciones, están sometidos a investigación bajo sospecha de haber favorecido a miembros de la familia Sánchez Paredes, sospechosos de narcotráfico y estar vinculados a la red criminal del prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y del detenido presidente regional César Alvarez, acusado de corrupción y asesinato.

Parte del problema estructural del Ministerio Público y su liderazgo, parece derivar del sistema de elección de los fiscales. En los últimos tiempos se han documentado investigaciones periodísticas que dan cuenta de pactos debajo de la mesa y manipulaciones al interior del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para posibilitar la elección de ciertos fiscales supremos cuestionados por su falta de independencia, idoneidad y trayectoria institucional, apartándose de criterios meritocráticos.

El sistema de elección de Fiscales en el CNM consta de 3 etapas:

a)Evaluación de conocimiento jurídico. Esta etapa se aprueba con 66 puntos sobre 100 y es cancelatoria, es decir que si no obtiene nota aprobatoria, el candidato sale de carrera

b)Evaluación del Curriculum Vitae. También se aprueba con 66 puntos, pero a diferencia de la anterior, si los candidatos no alcanzan el puntaje mínimo, pueden ser recalificados

c)Entrevista pública al candidato, la que es totalmente subjetiva y sujeta a la discrecionalidad de los consejeros.

El examen de conocimiento fue seriamente cuestionado en las últimas elecciones por varios candidatos, quienes se quejaron de la decisión de hacerlo cancelatorio. Culpan de ello al entonces presidente del CNM, el renunciante Vladimir Paz de la Barra. Según los reclamantes, esta prueba, que no se sabe quién la prepara ni bajo qué criterios, y menos aún, quién califica los resultados, fue manipulada por Paz de la Barra para favorecer a los candidatos de su preferencia, sacando a los competidores de carrera con bajas y arbitrarias calificaciones.

No menos escandalosa fue la evaluación de los CV. Ninguno de los candidatos que aprobó la prueba de conocimiento alcanzó el puntaje mínimo requerido, por lo que fueron “recalificados” y varios de ellos aparecieron con puntajes muy altos que les dieron ventaja sobre los otros. ¿Bajo qué criterios se reconsideró la evaluación de los CV? ¿Qué hizo que un CV que no superó los 50 puntos de pronto fuera recalificado con más de 80? Nadie lo sabe ni lo sabrá porque fue una decisión no motivada.

   

Y aunque parezca broma, una vez que se ha establecido el cuadro de méritos en función al puntaje obtenido, el CNM, por sí y ante sí, puede decidir apartarse del mismo y elegir a los que estime más idóneos para el cargo.

Esta situación se agrava cuando, designados los fiscales supremos, les corresponde a ellos elegirse entre sí para desempeñar el cargo de Fiscal de la Nación. En este caso no hay evaluación de mérito profesional alguno, antigüedad, liderazgo o integridad, sino que se decide en favor de quien haya logrado la adhesión de los dos o tres fiscales que conforman la mayoría. Este sistema no ha estado exento de cuestionamientos y en algunos casos de confrontaciones no muy pacíficas, al punto que en las últimas elecciones motivó la renuncia de la fiscal suprema y ex - Fiscal de la Nación, Gladis Echaiz, así como airadas protestas del fiscal Gonzalo Chávarry, quien amenazó con presentar una acción de amparo contra la decisión de la Junta de Fiscales.

Lo cierto es que hoy la dupla Peláez Bardales – Ramos Heredia ha llevado al Ministerio Público nuevamente a un punto crítico de gran debilidad, falta de legitimidad y desprestigio. Todo parece indicar que ante la negativa de Ramos a renunciar al cargo, salida decorosa a la que se ha negado abiertamente, más pronto que tarde será destituido debido a su aislamiento y a la andanada de críticas de la que es objeto permanentemente. Esta semana ha vuelto a ser protagonista de una decisión controversial y sospechosa, en la que, obviando la abundante evidencia que obra en la investigación, exonera de responsabilidad penal al congresista fujimorista Julio Gagó. Los analistas se preguntan si esta insostenible decisión se debe a que el fiscal Ramos desea ganarse de aliado al fujimorismo ante una eventual destitución o si es parte de un acuerdo con el abogado de Gagó (José Luis Castillo Alva), quien es muy allegado al presidente del CNM, Pablo Talavera, para que le dé una mano cuando la investigación en su contra se decida en esa instancia. Efectivamente, según ha documentado recientemente la revista Caretas, Talavera viajó a Colombia para asistir al matrimonio del abogado de Gagó, donde estuvo presente también el juez que favoreció a los Sánchez Paredes, clientes de Castillo Alva.

La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto?

Resulta difícil de comprender que una institución tutelar encargada de velar por la defensa de la legalidad, la recta administración de justicia y de defender los intereses públicos, hoy se encuentre postrada bajo sospecha de haber sido puesta al servicio del crimen organizado y la corrupción. Es paradójico que el organismo responsable de la investigación criminal, esté arrinconado acusado en la cabeza de sus dirigentes máximos como cómplice de intereses delincuenciales.  

Parte del problema tiene que ver con el sistema de elección de sus autoridades, el que no sólo adolece de legitimidad institucional sino que impide que lleguen a los niveles más altos de la institución quienes mejores méritos tienen para dirigirla con propiedad. Es evidente que el CNM ha fracasado en la selección de los fiscales supremos posibilitando la elección de quienes representan intereses lejanos -- cuando no contrarios -- a los de la justicia. La propia composición del CNM está en cuestión.

El sistema de selección de consejeros ha demostrado ser vulnerable a contaminación por intereses políticos y gremiales corruptos, lo que ha quedado evidenciado con la reciente renuncia de Paz de la Barra. Mientras este consejero ratificaba al fiscal Dante Farro, ahora suspendido en sus funciones por sus vinculaciones con el caso “la centralita” y César Alvarez,  su hijo, quien quedó a cargo de su estudio de abogados, representaba legalmente a César Alvarez en el caso “la centralita. Tamaño conflicto de intereses parece que no fue percibido por Paz de la Barra.

Por otro lado, la falta de transparencia de los procesos de elección de fiscales permite acomodos para elegir no a los mejores, sino a los más funcionales a intereses de determinados grupos.

A ello se agrega el pernicioso proceso en el que 5 fiscales deben elegir cada tres años cuál de ellos va a presidir la institución. Las movidas para neutralizar a alguno enviándolo al Jurado Nacional de Elecciones han sido el espolón visible de un ariete mucho más complejo.

Nada de lo dicho, por supuesto, implica que no haya fiscales idóneos y con liderazgo suficiente para asumir el reto inmenso de reconstruir el Ministerio Público y reconducirlo a los cauces de la justicia. El problema parece ser que están bloqueados por un sistema que sólo permite llegar a los más comprometidos con intereses subalternos.

Una mirada rápida a jóvenes fiscales titulares, permite identificar a una masa crítica de funcionarios institucionalmente comprometidos, con trayectoria, capacidad, integridad  y coraje. Fiscales como Víctor Cubas Villanueva, Jorge Chávez, Eduardo Castañeda, Rosario Wong, Gladys Fernández Sedano, Fanny Quispe, Alcides Chinchay, Iván Quispe, entre otros, deberían estar en la vanguardia del Ministerio Público y tener serias posibilidades de ascender en el escalafón hasta llegar a fiscales supremos y por ende a fiscales de la nación. Creemos que es tiempo de replantear el sistema de selección y promoción de fiscales, así como de designación del Fiscal de la Nación.

Como hemos señalado, hay mucha oscuridad en la propia estructura del sistema de evaluaciones. La elección de fiscales supremos debería ser pública y motivada sin excepciones, tanto en la exposición de los criterios de evaluación, identidad de los evaluadores y motivación de los resultados académicos, como en la calificación de las entrevistas y evaluación de las tachas que se presentan contra los candidatos. Lo ocurrido en recientes elecciones con los candidatos Mateo Castañeda y César Hinostroza, expresa la debilidad del sistema. De no haber sido por circunstancias extraordinarias, ambos personajes, con buenas calificaciones académicas pero muy serios cuestionamientos éticos, por lo que nunca debieron pasar el control de calidad básico, hubieran llegado a ser fiscales supremos y seguramente próximos Fiscales de la Nación.

Las tachas y cuestionamientos graves a un candidato, debidamente fundamentados, deben ser un impedimento para que éste avance en el proceso de postulación, incluso antes de ser evaluado académicamente. En el caso de Castañeda e Hinostroza tuvo que intervenir el nuevo Tribunal Constitucional para enmendarle la plana al anterior – que quiso imponer su designación – y señalar que mientras candidatos cuenten con “cuestionamientos objetivos y de trascendencia sobre su conducta e idoneidad para desempeñar el cargo” (sic), no pueden ser nombrados en dichos cargos, en tanto se mantengan dichos cuestionamientos.”

No existe razón alguna para mantener la elección de un cargo tan relevante como el del Fiscal de la Nación en un grupo tan reducido y plagado de intereses personales como el de los fiscales supremos. Debería pensarse en un sistema de elección basado en la meritocracia, que permita que lleguen a los niveles de dirección los mejores líderes, los más honestos y capacitados. Si se quiere una Fiscalía de la Nación con legitimidad institucional, es necesario revisar el proceso de designación de la alta dirección del Ministerio Público. Aunque no hay sistema perfecto, lo evidente es que el actual ha llevado a la institución a una grave crisis, por lo que deberían ensayarse otras opciones.

Como quiera que un cambio sustancial requerirá modificaciones constitucionales, lo que toma tiempo y requiere de una voluntad política inexistente en este momento, a fin de superar la crisis actual del Ministerio Público, deben renunciar los fiscales Peláez Bardales y Ramos Heredia, quienes han quedado deslegitimados por los indicios que los vinculan al crimen organizado y que han motivado que hoy estén sometidos a investigación. Paralelamente debe procederse a la selección de los nuevos fiscales superiores y supremos a través de un sistema con filtros éticos rigurosos así como el máximo de transparencia posible en la preparación, aplicación y evaluación de las pruebas académicas, CVs y entrevistas personales, respetando el resultado del cuadro de méritos. 

Daniel Urresti y Hugo Bustíos

Por: Ricardo Valdés

El general Daniel Urresti ha reconocido haber sido el ‘Capitán Arturo’ y haber tenido el puesto de S2 en Castropampa, Ayacucho, cuando militares de su base cometieron el espantoso crimen del periodista Hugo Bustíos. El presidente Ollanta Humala cometió un grave error al decidir correr el riesgo político de nombrarlo ministro del Interior, pues es procesado por homicidio mediato (y no solo denunciado, como afirma el propio ministro).

De ser encontrado culpable, se probaría que el señor Urresti estuvo al tanto o posiblemente contribuyó con la operación que terminó con la muerte del periodista. Ahora, ¿qué hace un S2? Se encarga de las labores de inteligencia y contrainteligencia en una base militar. Es decir, sigue de cerca los acontecimientos que suponen por lo  menos un mínimo riesgo para la seguridad y coordina lo necesario para mitigar ese riesgo. Como bien dijo Carlos Tapia en un artículo publicado en el diario “Perú 21” en julio, “el oficial S2 de una unidad militar es el responsable del área de Inteligencia [... es quien] definía a quiénes deberían capturarse o eliminarse por sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso. Nada de esto se hacía sin su consentimiento”.

En ese sentido, que el ‘Capitán Arturo’ haya tenido el rol del S2 hace imposible que un acontecimiento de la relevancia de la ejecución del corresponsal de la revista “Caretas” y representante de los periodistas en Ayacucho no fuera de su conocimiento. El S2 no veía temas de logística, como nos quiere hacer creer el ministro. De hecho, ese rol le corresponde a un cargo distinto (el S4). En esa misma línea, Gustavo Gorriti afirmó en su columna de “Caretas”, al referirse a uno de los autores materiales: “No había forma de que el S2 Urresti no se enterara de lo que aquel hacía, ni de quiénes ordenaron y perpetraron el asesinato”.

Si Urresti es culpable o no, eso le corresponde a los tribunales decidirlo. En todo caso, ahora ya conocemos qué tan cierto es el apego a la verdad que tiene el ministro Urresti (y conocemos también su predilección por los explosivos al sugerir soluciones para acabar con el objetivo, como ha mostrado con sus propuestas para dinamitar, entre otras cosas, pistas de aterrizaje, vehículos que trasladan insumos químicos y dragas).

Del mismo modo, hemos escuchado ya su deseo de “patear las cabezas de los delincuentes”, deseo que, al pasar por encima de la presunción de inocencia, llama particularmente la atención viniendo de quien pide esta presunción para él mismo. El maltrato hacia los periodistas, la prepotencia en sus intervenciones, el afán de tener todo bajo control, la omnipotencia en sus gestos y su postura son características que vienen trazando un perfil que, suponemos, el fiscal a cargo de su proceso tomará en cuenta para decidir si coincide con el perfil o no de quien dio la orden, participó o consintió el asesinato de Bustíos.

Se ha planteado la interpelación al ministro. En el Congreso de la República existen ex miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que conocen perfectamente el rol que le correspondía a un S2 durante la década de 1980. Esos congresistas, de diversas bancadas, tienen ahora un compromiso con su investidura: liderar la interpelación. Son ellos quienes deberán demostrar que para defender la democracia no es necesario manchar con sangre inocente el uniforme. Frente a este problema de fondo, lo de las cifras, las  medias verdades, el yeso y la coca, pasa a un segundo plano.

Publicado en El Comercio el 19 de setiembre del 2014.